Cambio legislativo sobre la obligación de consentimiento en intervención con menores.

Cambio legislativo

Aprobada una modificación del ejercicio de la patria potestad que afecta a la obligación de consentimiento para la intervención con menores en supuestos de violencia de género o abusos.

El congreso de los diputados aprobó en Junio pasado la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

La ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación, es decir, el próximo día 3 de septiembre de este año, y en su texto se ha introducido una modificación en el artículo 156 del Código Civil, que regula el ejercicio de la patria potestad que afecta  a necesidad de consentimiento para la intervención psicológica con menores de edad.

El texto del artículo ya había sido modificado en 2018 y se había introducido  una excepción para la obligación de consentimiento de los progenitores en intervención psicológica con menores,  en  el párrafo segundo del citado artículo 156,  aplicable  en los casos en que  existiese un procedimiento judicial por maltrato a la mujer o por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad,  en cuyo caso  se estableció que no es necesario el consentimiento del posible maltratador.

Ahora en la reforma de la que informamos, se introduce un nuevo párrafo, a continuación del anterior cuyo texto literal es el siguiente:

<<Lo anterior será igualmente aplicable, aunque no se haya interpuesto denuncia previa, cuando la mujer esté recibiendo asistencia en un servicio especializado de violencia de género, siempre que medie informe emitido por dicho servicio que acredite dicha situación.>>.

La aplicación de esa nuevo precepto supone que ya no será preciso que exista un procedimiento judicial abierto, es decir, no habría que pedirle a la mujer o hijos, o cuando aquella solicite la intervención para sus hijos menores, que acredite que existe un procedimiento judicial abierto por “atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor”, sino que ahora bastará con que la mujer esté recibiendo asistencia (entiendo que cualquier asistencia, no solo psicológica, sino también jurídica o de otro tipo), en “centro especializado de violencia de género”.

La norma no aclara que debe entenderse por como tal centro, es decir, si solo pueden considerarse como tal, exclusivamente los servicios públicos dedicados a esta actividad, de los ayuntamientos o de las Comunidades Autónomas, o si bastaría que se trate de un centro privado especializado en esa materia. El Código Civil, que es donde se ha introducido esta reforma no puede tener “reglamentos” de aplicación, que vengan a regular lo establecido en la ley, por lo que las dudas que este tema genere solo podrán resueltas por la jurisprudencia posterior.

Para evitar los problemas que puede suscitar esa posible falta de precisión en la norma, podrá sostenerse la interpretación más rígida, conforme a la cual para hacer uso de esta excepción, y evitar las denuncias por mala praxis deontológica que se formulan en ese contexto, lo más adecuado sería solicitar a la mujer, cuando lo que se solicite sea la intervención con menores que se encuentren en ese supuesto, que esta le acredite al Psicólogo/o cuya intervención solicite, que está recibiendo asistencia, cualquier tipo de asistencia, por un centro sobre el que no haya duda alguna de que será considerado como “servicio especializada en violencia de género”, como lo suponen los centros públicos dedicados a esa finalidad, y que lo documente en informe de dicho servicio, cuya copia deberá quedar en la historia clínica del paciente o cliente.

El tacto del precepto mantiene lo que ya venía sosteniendo a continuación del texto anterior: en caso de que la intervención se realice con hijos mayores de dieciséis años, estos deberán prestar su consentimiento expreso, incluso aunque fuese de aplicación la excepción antes considerada.

Torcuato Recover

Asesor Jurídico del Il. Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental.