La nueva Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado ha entrado en vigor

Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado

El texto legal, no obstante, presenta ambigüedades en torno al derecho a la asistencia psicológica gratuita

A finales del pasado mes de Julio, entró en vigor la nueva Ley 3/2021 de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado. La normativa tiene por objeto reconocer la autoridad pública del personal docente en nuestra Comunidad Autónoma. Asimismo, el texto persigue fomentar la consideración y el respeto por el ejercicio de sus funciones y procurar un clima de convivencia en la comunidad educativa.

Asistencia jurídica y psicológica gratuitas

Uno de los aspectos más destacables de la Ley es el reconocimiento de los derechos del personal docente. Entre estos, destaca la protección jurídica y psicológica. De esta manera, la Administración andaluza proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita al profesorado de los centros docentes públicos. La medida será extensible a todos los niveles educativos y en todos los hechos que se deriven del ejercicio profesional

En lo que a la asistencia psicológica gratuita se refiere, se prevé que ésta se desarrolle por medio de un Decreto. En este sentido, el Decano del COPAO, Manuel Mariano Vera, ha afirmado que “estaremos muy atentos con la finalidad de que su elaboración sea lo más beneficiosa posible tanto para el profesorado como para nuestra profesión”. “Al fin y al cabo -ha continuado el Decano- esta normativa refuerza nuestra convicción de que debe haber más psicólogos y psicólogas en los centros educativos”.

Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado
El profesorado tendrá presunción de veracidad en la aplicación de medidas correctoras al alumnado

Por otro lado, la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado presenta ciertas ambigüedades en la cuestión de asistencia psicológica gratuita. Tal y como expresa el artículo 7, se ofrecerá esta prestación al personal docente de “los centros sostenidos con fondos públicos”. Por lo tanto, no queda claro si están también excluidos los centros de educación concertados o solamente los privados.

Con respecto a la asistencia jurídica gratuita, ésta consistirá en la representación y defensa en caso de juicio. Ésta se llevará a cabo en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente hablando. Además, en el caso de las direcciones de los centros, la prestación incluirá denuncias interpuestas por parte de los propios miembros del claustro, el personal de administración o servicios. Del mismo modo, se potenciará la coordinación entre centros a través de los servicios jurídicos y de inspección.

Aplicación de medidas correctoras al alumnado

El texto legal también reconoce que los hechos constatados por el profesorado tendrán valor probatorio y presunción de veracidad en procesos de adopción de medidas correctoras al alumnado. Este último, por su parte, podrán presentar sus pruebas en defensa de sus intereses.

Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado
Según el artículo 7 del texto, la asistencia psicológica será de aplicación al personal docente que preste servicios en “centros sostenidos con fondos públicos”

Además, el alumnado tendrá la obligación de reparar los daños individuales o colectivos causados. En su defecto, será el responsable de la asunción de los costes económicos de su reparación o sustitución. A tenor de lo establecido en el artículo 1.903 del Código Civil, los padres serán responsables de los daños causados por los menores.

En caso de sustracción, el alumnado también tendrá la obligación de restituir el bien sustraído. En su defecto, deberá resarcir económicamente al centro o al personal docente afectado.

Finalmente, si el profesorado acusa a un alumno de un destrozo, sólo será necesario su testimonio para poner en marcha las medidas correctoras oportunas.