Sobre el acceso a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), para centros de Psicología.

Ante la grave situación de alarma sanitaria que vive nuestro país, el Gobierno dictó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En desarrollo de lo indicado, y para dar respuesta a la situación reconocida en la norma anterior, el Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece, entre otras medidas, la de acceso a expedientes de regulación temporal de empleo en las condiciones que dicha norma precisa que, en algún grado fueron modificadas mediante el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Finalmente, la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 expresa en su punto Séptimo: Apertura al público de establecimientos médicos: “A efectos de interpretación del artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se entienden por establecimientos médicos aquellos en los que se requiere la prestación, por parte de profesionales sanitarios, de la asistencia necesaria para resolver problemas de salud que puedan tener una evolución desfavorable si se demora su tratamiento”.

De acuerdo con lo anterior, los centros de Psicología y los servicios ofrecidos por profesionales de la psicología, incluso aquellos que sean prestados en centros reconocidos como sanitarios, sólo podrían atender patologías que puedan tener una evolución desfavorable si se demora su tratamiento, por lo que habrán de aplazar el resto de los tratamientos, que son los mayoritarios, hasta que concluya la situación de alarma sanitaria que vivimos y se determine el cese del actual estado de alarma.

En la actividad profesional o en la prestación de servicios de psicología, se pueden considerar dos grandes áreas, de un lado, las que son propias de la psicología sanitaria y, del otro, todas aquellas que no se consideran incluidas en esta. En el primer ámbito, los tratamientos prestados por profesionales de psicología sanitaria requieren de una relación directa, personalizada, con el paciente, que solo en determinadas excepciones se podrían ser prestados mediante actuaciones on-line, considerando además que el acceso a estos medios es muy limitado para pacientes cuyas edades o preparación cultural no les permite realizarlo, o carezcan de los medios técnicos o económicos precisos, o cuando se trata de menores a los que no es aconsejable este medio instrumental.

Igual ocurre en otros ámbitos del servicio profesional de la psicología, como la de apoyo educativo, programas, coaching, etc.

En todos estos casos estamos ante intervenciones profesionales que implican un contacto directo con el cliente, a menudo inmediato, con lo que el riesgo de contagio, tanto para los profesionales como para el propio cliente es casi ineludible, e incluso es difícil la aplicación de medios de asepsia o prevención que, en algunos casos, harían imposible la propia realización de la atención profesional.

Más aún cuando la realidad es que tales medios no están accesibles (mascarillas y gafas de protección, guantes de nitrilo, batas desechables y soluciones hidroalcohólicas, etc.).

La situación expuesta obliga al cierre de los centros de atención psicológica, por lo que, dadas las consecuencias económicas que dicho cierre implica, e incluso la existencia de personal contratado en los centros que no pueden realizar su actividad, estos se constituyen en objeto claro de las medidas de apoyo económico dictadas por el gobierno, puesto que, como determinan las normas legales citadas, estamos ante una situación de evidente fuerza mayor, lo que en mucho casos hace inevitable la adopción de medidas de suspensión de los empleos a tenor de lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.