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ACERCA DE LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBTENER CERTIFICACIÓN DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITOS SEXUALES EN EL TRABAJO O LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON MENORES

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1. El marco LEGAL aplicable

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, ha introducido, modificando el texto de la previa L.O. 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor, la obligación de que “quienes realicen actividades que impliquen contacto habitual con menores” habrán de acreditar que no han sido condenados “por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos”.
Lo indicado aparece de forma expresa en el texto del artículo 13, apartado 5, del citado texto legal.
La interpretación de este precepto, dado el contenido literal del mismo (“quienes realicen actividades que impliquen contacto ...”), puede llevar a que sea exigible que tanto los profesionales como los voluntarios que, no solo trabajen, sino que, genéricamente “realicen actividades” con menores, requieran contar con este certificado, tanto ahora, cuando se pone en marcha esta disposición legal, como cuando nuevas personas se incorporen a estos puestos de trabajo y de otro tipo de colaboración.


En cumplimiento de la citada disposición legal, se ha desarrollado el Registro Central de Delincuentes Sexuales, regulado por Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, que entró en vigor el día 1 de Marzo pasado.
El Registro es un sistema de información de carácter no público y gratuito, relativo a la identidad, perfil genético, penas y medidas de seguridad impuestas a aquellas personas condenadas por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, incluida la pornografía.
Como decimos, lo dispuesto por la citada Ley 26/2015 del 28 de julio resulta, pues, hoy, obligatorio.

2. La aplicación, stricto sensu, de las citadas disposiciones legales

El texto de la ley es muy claro y expreso: está referido y es aplicable solo, y exclusivamente, según sus propios términos, respecto de los menores de edad.
Si al criterio de los términos expresos de la ley, unimos el relativo a su situación sistemática, queda todavía más claro que estas obligaciones están referidas solo para quienes en su trabajo, actividad profesional, voluntaria, o de cualquier otro tipo, sostengan contacto habitual con MENORES DE EDAD: La ley de la que procede esa obligación, Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, está referida, exclusivamente a ese grupo de personas; su ámbito de aplicación es, exclusivamente, los menores (Artículo 1: La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación a los menores de dieciocho años que se encuentren en territorio español).
A ello hay que unir otra referencia que realiza la ley que es muy genérica, conforme a la cual, están obligados a contar con este documento, no solo quienes realizan trabajos, ya sea autónomos o por cuenta ajena, con menores, sino, incluso, quienes “realicen actividades que impliquen contacto habitual con menores.” Estamos aquí, incluyendo, en el ámbito de la psicología, tanto a los que realizan esta actividad profesional en centros educativos, como orientadores o como psicólogos, ya sea del propio centro, ya de las organizaciones de padres, ya particularmente, pero también, incluso quienes actúan con carácter voluntario y hacen actividades de cualquier tipo en las que participan menores.
Solo cabe hacer un matiz, que entiendo oportuno, porque puede afectar a quienes trabajan en centros o servicios de tal tipo: no cabe asimilar a menores con personas con discapacidad intelectual, tampoco a estos efectos.
No cabe sostener una interpretación analógica, que vaya más allá de lo que la ley establece, y que permita asimilar cuanto aquella establece para los menores, a las personas con discapacidad intelectual.
Esa asimilación es simplista desde un punto de vista conceptual, no riguroso, e incluso, en lo que aquí afecta, incorrecta.
En consecuencia, entendemos que la obligación de contar con el certificado a que la norma se refiere solo es aplicable para quienes, en cualquier actividad profesional, consultas o gabinetes privados, trabajando para entidades públicas o privadas / colegios o centros educativos o de atención a menores, también los delincuentes, trabajan o colaboran, aunque sea esporádicamente, en actividades con menores.
Esa acepción de habitualidad o temporalidad no está suficientemente aclarada en la ley ni en los textos posteriores de su desarrollo. No sabemos, pues, cuándo se puede considerar que es habitual el contacto profesional con menores a estos efectos, por lo que es preferible optar por tener la mayor seguridad, y, en tal caso, obtener el pertinente certificado antes que, incluso en actuaciones puntuales, se pueda exigir e interpretar que se incumple la norma por carecer del mismo.

3. Personal o profesionales a los que es exigible obtener la certificación de no contar con antecedentes en esta materia

De lo que llevamos expuesto resulta que, obviamente el ámbito personal de quienes precisan obtener esta certificación, ahora, al poner en marcha el sistema, y después, cada vez que una nueva persona se incorpore a uno de estos puestos o actividades, lo serán, en nuestras áreas de actividad:

• El personal de los colegios y centros educativos que atiendan a menores hasta los 18 años

• El personal que desempeñe su trabajo en o colaboración con Unidades o Servicios de Atención Temprana.

• Quienes profesionalmente atienden, habitual o esporádicamente, a menores en tratamientos, individuales o de cualquier otro tipo, o realizan informes para cuya confección sea preciso este contacto.

• Quienes trabajen o colaboren en cualquier otro tipo de actividad; colonias, campamentos, actividades de ocio o de formación, servicios de rehabilitación, etc. en los que se atienda a menores.


Esta lista no quiere ser exhaustiva, sino meramente ilustrativa; tengamos en cuenta que siempre habrá actividades no incluidas en la norma a la que, por el marco legal citado, sea de aplicación lo indicado.


¿Cómo solicitar el certificado?

El certificado se puede solicitar:

Individualmente, por el propio interesado o por la persona que lo represente.

• Se puede hacer de forma presencial ante la Gerencia territorial de Ministerio de Justicia en cada capital

• Por vía telemática, en la página web del Ministerio de Justicia, con DNI electrónico y Firma digital. Enlace web del Ministerio de Justicia 

Las personas que no presenten este certificado no podrán seguir realizando tareas pastorales con menores de edad.

Almería
C/ Montellano, 2, Bajo
(Acceso desde Avda. Cabo de Gata,23)

04007 Almería.
Tfno./Fax: 950 27 61 02
Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Granada
C/ San Isidro, 23
18005, Granada
Telef.: 958 53 51 48 Fax: 958 26 76 74
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Málaga
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23007 Jaén
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