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Teléfono de atención Psicológica a profesionales sanitarios

BANCO DE INFORMACIÓN COVID19 PARA PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA

Sobre el acceso a la prestación extraordinaria por cese de la actividad para psicólogos autónomos con motivo de la situación de alarma sanitaria.

Publicado el Miércoles, 25 Marzo 2020 11:38
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A. Regulación legal:

Ante la grave situación de alarma sanitaria que vive nuestro país, el Gobierno dictó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En desarrollo de lo indicado, y para dar respuesta a la situación reconocida en la norma anterior, el Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece, entre otras medidas, la de acceso a la prestación extraordinaria por cese de su actividad en las condiciones que dicha norma precisa.

La norma contempla dos supuestos para acceder a esta prestación:

1. Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto 463/2020.

2. Aquellos que acrediten que su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
Respecto del primer supuesto, para considerar quienes se pueden considerar comprendidos en el mismo hay que remitirse a las actividades que se determinaron suspendidas en el citado Real Decreto que estableció el estado de alarma, pero teniendo en cuenta que el texto del mismo fue modificado mediante el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Finalmente, la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 expresa en su punto Séptimo: Apertura al público de establecimientos médicos: “A efectos de interpretación del artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se entienden por establecimientos médicos aquellos en los que se requiere la prestación, por parte de profesionales sanitarios, de la asistencia necesaria para resolver problemas de salud que puedan tener una evolución desfavorable si se demora su tratamiento”.


De acuerdo con lo anterior, los centros de Psicología y los servicios ofrecidos por profesionales de la psicología, incluso aquellos que sean prestados en centros reconocidos como sanitarios, sólo podrían atender patologías que puedan tener una evolución desfavorable si se demora su tratamiento, por lo que habrán de aplazar el resto de los tratamientos, que son los mayoritarios, hasta que concluya la situación de alarma sanitaria que vivimos y se determine el cese del actual estado de alarma.
En la actividad profesional o en la prestación de servicios de psicología, se pueden considerar dos grandes áreas, de un lado, las que son propias de la psicología sanitaria y, del otro, todas aquellas que no se consideran incluidas en esta. En el primer ámbito, los tratamientos prestados por profesionales de psicología sanitaria requieren de una relación directa, personalizada, con el paciente, que solo en determinadas excepciones se podrían ser prestados mediante actuaciones on-line, considerando además que el acceso a estos medios es muy limitado para pacientes cuyas edades o preparación cultural no les permite realizarlo, o carezcan de los medios técnicos o económicos precisos, o cuando se trata de menores a los que no es aconsejable este medio instrumental.

Igual ocurre en otros ámbitos del servicio profesional de la psicología, como la de apoyo educativo, programas, coaching, etc.
En todos estos casos estamos ante intervenciones profesionales que implican un contacto directo con el cliente, a menudo inmediato, con lo que el riesgo de contagio tanto para los profesionales como para el propio cliente es casi ineludible, e incluso es difícil la aplicación de medios de asepsia o prevención que, en algunos casos, harían imposible la propia realización de la atención profesional.
Más aún cuando la realidad es que tales medios no están accesibles (mascarillas y gafas de protección, guantes de nitrilo, batas desechables y soluciones hidroalcohólicas, etc.).
La situación expuesta obliga al cierre de los centros de atención psicológica, por lo que, dadas las consecuencias económicas que dicho cierre implica, los profesionales que los prestan, que se encuentran acogidos al régimen especial de trabajadores autónomos se puede entender que constituyen en objeto claro de las medidas de apoyo económico dictadas por el gobierno y, en consecuencia, pueden acceder a la prestación extraordinaria por cese de su actividad, puesto que, como determinan las normas legales citadas, la actividad profesional por ellos realizada no se encuentra comprendida entre aquellas actividades sanitarias que han sido objeto de suspensión puesto que no se puede considerar que su suspensión temporal pueda generar riesgos para la salud o una evolución desfavorable.

B. Gestión de acceso a esta prestación extraordinaria:


El R.D. 463/2020, que regula el acceso a esta prestación extraordinaria determina (art. 17.6) que la gestión de esta prestación corresponde a la mutua con quien el trabajador autónomo haya formalizado el documento de adhesión, mediante la suscripción del anexo correspondiente (por remisión al art. 346 del T.R. De la Ley general de la Seguridad Social).

C. Situaciones de dificultad de acceso:

Tenemos conocimiento de que algunas mutuas están sosteniendo una interpretación restrictiva de lo establecido en la disposición legal citada y, al parecer, en algunos casos, informando que los psicólogos autónomos no tendrían acceso a esta prestación.
Sin embargo, a la vista de lo expuesto anteriormente entendemos que esa interpretación no es acorde con lo dispuesto en la ley y, por tanto, aconsejamos que quienes consideren procedente acceder a esa prestación, la soliciten a su Mutua, aun cuando verbalmente les informen en sentido negativo puesto que cualquier rechazo de la misma puede ser objeto de recurso contra la decisión que, en tal sentido se pudiese dictar.

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